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Inmunidad parlamentaria vuelve al debate nacional

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***Ramos Allup asegura que hay una sentencia del TSJ para levantar beneficio. Artículo 200 de la Constitución le atribuye la potestad del allanamiento  a la Asamblea Nacional, luego que el TSJ declare si hay méritos o no para levantar el beneficio. El presidente del Parlamento y el diputado Freddy Guevara estarían en la mira del Tribunal. El conflicto político entre los poderes continúa.

Caracas/El levantamiento de la a los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional vuelve al debate nacional, pues el propio presidente del Poder Legislativo, Henry Ramos Allup, asegura que el Tribunal Supremo de Justicia prepara una sentencia para allanar el beneficio a tres diputados, entre los que se cuenta él y Freddy Guevara, de VP.
“Tomen la decisión que sea contra cualquiera de nuestros parlamentarios, hay estará un suplente dispuesto a asumir la curul (…) Lo decimos no por asustadizos, sino por el allanamiento de facto a la inmunidad que podría hacer la zahúrda del TSJ al diputado Freddy Guevara y quien les habla, violando la Constitución”, señaló Ramos Allup.
Ya en septiembre pasado, el presidente Nicolás Maduro dijo que tenía listo un decreto para levantar la inmunidad. Semanas antes había pedido al Tribunal estudiar, en el marco del Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica, el levantamiento del beneficio a todos los cargos públicos, lo que comenzaría por los diputados.
“Aquí nadie se va a amparar en la inmunidad parlamentaria para cometer delitos”, acotó el Jefe de Estado.
Sin embargo, a juicio de José Enrique Molina Vega, profesor de LUZ, el enjuiciamiento a un diputado primero pasa por el TSJ que decide si hay o no razones para el allanamiento y luego eso lo tiene que aprobar la AN”.
A esta tesis se suma el constitucionalista Hermán Escarrá: “No se puede vía decreto. Hay un procedimiento cuando se trata de delitos flagrantes, allí hay que esperar el pronunciamiento del Tribunal para que luego la Cámara finalmente diga si se levanta la inmunidad o no”.
Precisamente, el artículo 200 de la Constitución señala que el TSJ es la única autoridad que podrá ordenar la detención y enjuiciamiento de algún diputado, pero precisa  que “previa autorización de la Asamblea Nacional”, por lo que ésta medida no procedería vía Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ni tampoco vía decreto presidencial.
Fuentes judiciales informaron a este diario que la medida, que ha sido solicitada por el Ejecutivo nacional, no tendría asidero jurídico. “Lo que se ha escuchado en el TSJ es que no es procedente si el Parlamento no aprueba el levantamiento”, informó un jurista.
Por su parte, el abogado constitucionalista Juan Luis Núñez argumentó que como la AN se encuentra en desacato y sus actuaciones son nulas, “faltaría un requisito fundamental para poder allanar, porque en última instancia los que deciden sobre la procedencia o no del allanamiento es la AN, pero como están en desacato hay un vacío legislativo”. “Al haber un vacío podría asumirlo el TSJ aunque para hacerlo tendría que fundamentar el por qué está tomando la decisión del allanamiento, si es por el desacato de la Asamblea. Para mí debe ser ejecutado como lo establece la Constitución”, sostuvo Núñez.
El diputado Elías Jaua, del Psuv, señaló que la MUD tiene hasta el 5 de enero para ponerse a derecho, si no quedará nula.

Desde la oposición vienen alertando  sobre una “arremetida” del Tribunal contra la mayoría parlamentaria.
El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, también afirmó que la Sala Plena del organismo tendría listo un proyecto que pretende promover la nulidad de la inmunidad.
Sobre Ramos Allup pesa ya una denuncia, presentada por la canciller Delcy Rodríguez, ante el Ministerio Público por presunto vilipendio contra las instituciones del Estado.
Denuncia ésta que tal vez prospere en el MP y posteriormente en el TSJ, pero a lo que llegue a la AN “la mayoría parlamentaria de la oposición lo va a detener automáticamente”, reconoció Escarrá.
“El juicio siempre al final va a depender de la Asamblea, quien autoriza y levanta la inmunidad para que se produzca el allanamiento”, reiteró.
El artículo 200 trae consigo sanciones para aquellos funcionarios públicos que violen el fuero de los parlamentarios, sobre quienes recae responsabilidad penal.
El diputado (AD) Edgar Zambrano dijo que allanar este beneficio era un exabrupto al mandato y protocolo constitucional.
“La institución universal de la inmunidad la otorga el soberano a través del voto. Eso no tiene ningún tipo de discusión, es el propio cuerpo el que allana la inmunidad de existir elementos que así indican, dentro de la Constitución y la norma, para que eso ocurra; no es por la vía del Ejecutivo a solicitud del Poder Judicial”.
Explicó que la inmunidad es una protección que recibe el parlamentario electo a los fines de darle cumplimiento a sus gestiones de investigación del control público, pero también “lo protege de las denuncias que realiza producto de su investigación y eso no puede ser allanado de ninguna manera”.
El conflicto sigue siendo político  entre los poderes del Estado: Ejecutivo, AN y TSJ.

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