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TSJ favoreció daños ambientales producidos en el Arco Minero

Diputada María Gabriela Hernández, señaló que no se puede hacer contraloría social porque el área está militarizada.

Diputada María Gabriela Hernández, señaló que no se puede hacer contraloría social porque el área está militarizada.

***“La devastación de nuestras riquezas naturales, el descuido, la desprotección que hay en los parques nacionales, en  la infraestructura institucional para la protección de nuestras cuencas hidrográficas, de nuestros bosques, es prácticamente nula en nuestro país, más aún el tema del Arco Minero”, acotó la diputada María Gabriela Hernández.

Prensa Unidad Venezuela/ La diputada María Gabriela Hernández, quien presidió la subcomisión de Cambio Climático de la Asamblea Nacional, aseguró que el Tribunal Supremo de Justicia (), al declarar la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de Ambiente, no solo se contrapone a lo establecido en el Tratado de París sobre cambio climático, suscrito por el gobierno, sino que desampara aún más nuestras riquezas naturales, frente a los daños que ya está ocasionando la explotación de oro en el llamado Arco Minero.

En declaraciones a Prensa Unidad Venezuela, la parlamentaria recordó que Venezuela fue uno de los primeros países que suscribió el referido tratado, que entró en vigencia en noviembre de 2016, comprometiéndose con el resto de las naciones en los esfuerzos para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y sus efectos sobre el cambio climático en el mundo.

Indicó que la norma ambiental atacada por el TSJ  hace “un desarrollo legislativo” de la obligación que han asumido todos los países para la disminución de los gases invernadero, y para “la adaptación de las comunidades al fenómeno del cambio climático”.

“Es  como una hipocresía hacia dentro y hacia el mundo, porque lo aprueba (el tratado) y cuando lo tratamos de desarrollar legislativamente para que tanto la disminución de los gases de efecto invernadero, como la adaptación, que son dos de los principales objetivos del Tratado de París, se implementen, sencillamente lo echan para atrás”, manifestó, al tiempo que recalcó que ese compromiso internacional suscrito por el gobierno ya es ley.

Manifestó que el fallo del máximo juzgado no solo contaría  la política ambiental del propio gobierno, plasmada en el llamado Plan de la Patria en su quinto objetivo, sino que también estaría volteando la mirada a la hora de reconocer los daños que está produciendo en el llamado Arco Minero, con la intervención de 150 empresas trasnacionales, que representan a 35 países, en 111.843,70 kilómetros cuadrados al sur del país, extensión que alcanza el 12 por cierto de nuestro territorio.

“La devastación de nuestras riquezas naturales, el descuido, la desprotección que hay en los parques nacionales, en  la infraestructura institucional para la protección de nuestras cuencas hidrográficas, de nuestros bosques, es prácticamente nula en nuestro país, más aún el tema del Arco Minero”, acotó.

Hernández argumentó que la sentencia de la instancia judicial dejó de lado intereses del país por un interés proselitista y partidista, que se traduce en el supuesto desacato de la Asamblea Nacional.

La parlamentaria también refirió que Inparques, que es la instancia del Estado que se encarga de la protección ambiental, está desmantelada “y no tiene la capacidad para hacerle frente a los incendios o a las actividades irregulares en los parques que van minando su existencia”.

Negocio vs ambiente

Precisó la diputada que la reforma ambiental aprobada por la Asamblea Nacional, que los magistrados de la más alta instancia del país declararon contraria a la Constitución, permite perseguir los delitos ambientales en cualquier momento, aunque hayan transcurrido años de su perpetración, pues los declara  imprescriptibles.

No duda que la decisión busque favorecer a las empresas extranjeras que firmaron con el gobierno y que ya están actuando en el estado Bolívar, en una extensión que en su mayoría abarca parques nacionales que protegen las cuencas hidrográficas más importantes de Venezuela, “y que a su vez alimentan la estación de electricidad que nos abastece en un 60 por ciento en el país, que es El Guri”, advirtió.

“Lamentablemente el negocio alrededor de la explotación del oro es fuerte”, subrayó.

La diputada añadió que ya el año pasado se logró evidenciar que los ríos Orinoco y Caroní perdieron su caudal, por la extracción de piedras y arena, así como por la tala, situación que ya se venía registrado con una actividad que había sido considerada irregular,  pero que “ahora está prácticamente legalizada”.

Dijo que las trasnacionales apostadas en las zonas protegidas están usando veneno.

 “Están haciendo explotación aurífera a cielo abierto y para hacerla de ese forma se requiere de material contaminante de alto efecto, perjudicial para la vida humana y perjudicial para cualquier tipo de vida”, alertó la diputada, quien recordó que esta negociación la firmó el gobierno de Nicolás Maduro sin hacer estudio alguno del impacto ambiental.

Señaló que no se puede hacer contraloría social porque el área está militarizada y resaltó que pese a ello, existe un riesgo de seguridad nacional en la zona, pues las empresas trasnacionales han traído su propio personal para resguardar su inversión, “afectando la soberanía del país”.

Denuncia internacional

Frente al grado de indefensión en que se encuentran nuestras riquezas naturales, la diputada Hernández aseguró a Prensa Unidad Venezuela que el Parlamento comenzará a trabajar en un plan internacional de denuncia, a partir de la sentencia del TSJ.

“El tema de la mitigación y de la adaptación (al cambio climático) son dos objetivos que se establecieron, no solo en Venezuela. Son dos grandes objetivos del mundo, de la humanidad”, acotó.

Manifestó que se delinearán las actuaciones que se adelantarán a nivel internacional para poner de relieve la situación. Pidió al resto de las naciones que “pongan la vista sobre Venezuela” y que contribuyan al rescate de la institucionalidad “para que  así podamos alinearnos a los objetivos mundiales de protección del ambiente”.


 

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