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Fiscal General: Se debe insistir en el diálogo porque la paz nunca se agota

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Ministerio Público/En el marco de la actual situación del país, la de la República, Luisa Ortega Díaz, recomendó al jefe de Estado, Nicolás Maduro, que en el diálogo porque la paz nunca agota.

Así lo expresó en una entrevista transmitida por la emisora Unión Radio, este viernes 02 de junio, durante la cual agregó que se deben buscar otros voceros internacionales en relación con el diálogo, al tiempo que puntualizó que no se considera adversaria del Primer Mandatario nacional, a quien le pidió que de vuelta atrás en el caso de la Asamblea Nacional Constituyente.

Adicionalmente, agregó que pediría al Consejo Nacional Electoral que se adelanten las elecciones regionales.

Al ser consultada respecto a la posición que ha asumido recientemente, resaltó que la misma es institucional y que no tiene otro interés sino el país.

Añadió que tiene una responsabilidad de Estado y con Venezuela, que su preocupación son los derechos humanos y el bienestar de la colectividad. “Con respecto a mis funciones, en concreto, debo preocuparme por la investigación penal, porque haya justicia, que no se vulneren los derechos y en caso de que esto ocurra que se sancionen a los responsables”.

Explicó que su compromiso de Estado no le permite tutelar los conflictos y las aprehensiones que puedan tener algunas personas ante su actitud.

Acotó que sigue orientada en dar respuestas a los ciudadanos que acuden al Ministerio Público y que estos sean atendidos debidamente, además de iniciar las investigaciones penales correspondientes en cada caso.

A raíz de las manifestaciones y las denuncias recibidas en estos días, se han iniciado las investigaciones, y se ha hecho el mayor esfuerzo jurídico, técnico, científico y criminalístico para que haya soluciones. “Lo que nunca va ocurrir es que una investigación esté sesgada políticamente”.

Por otra parte, la máxima titular del Ministerio Público denunció que tiene conocimiento de que en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) está circulando una decisión para quitarle la titularidad de la acción penal al Ministerio Público, lo que significaría otro retroceso en materia de Derechos Humanos.

Dijo que el proceso acusatorio constituye una garantía importante en el país, y que no existe una forma constitucional válida de retroceder a un proceso penal distinto porque para ello habría que modificar la Constitución.

Para Ortega Díaz lo que la sociedad aspira es que el máximo tribunal de la República garantice la vigencia de la Constitución como lo establece el artículo 266. “La sociedad aspira que sus instituciones le den seguridad jurídica y en eso debemos estar interesados”.

Asimismo, dijo que “no puede ser que se pretenda destruir al Estado; si tienes diferencias con un funcionario que está al frente de una institución, no puedes atacar a la institución”.

Solicitud de aclaratoria

La Fiscal General recordó que acudió al TSJ a solicitar una aclaratoria de la sentencia 378 de la Sala Constitucional del TSJ, mediante la cual se interpretaron los artículos 347 y 348 constitucionales, referentes a la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.

Sostuvo que hay una violación a la progresividad de los derechos humanos, y que el texto fundamental de 1999 establece ese principio por lo que no se puede ejecutar un acto que implique un retroceso.

Manifestó que la actual Constitución fue producto de una consulta al pueblo y, ante las garantías que la misma ofrece, ahora con más razón se le debe consultar al pueblo, porque de lo contrario se entiende que hay un retroceso en el derecho.

Agregó que las condiciones para una constituyente tienen que ser las mismas que en 1999 o mejores, y no reducir la participación popular a la mínima expresión.

Asimismo, se pidió aclarar si la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, tal como lo establece el artículo 5 de la Carta Magna. Por tal motivo, se preguntó cómo se puede entender que en dicha sentencia el pueblo transfiere su poder soberano a los órganos del poder constituido. Resaltó que bajo ninguna circunstancia el pueblo puede transferir su soberanía, pues eso atenta contra los principios constitucionales.

Adicionalmente, se requirió aclarar la diferencia entre iniciativa y convocatoria. De acuerdo con la sentencia, solo se debe hacer un referendo consultivo cuando la iniciativa la realice el 15% de los electores inscritos en el registro civil y electoral.

Acerca de la respuesta a su petición, dijo que se requiere mucha celeridad al respecto.

Indicó que hay que considerar los temas que fueron decididos a través de la sentencia, y sobre todo lo relacionado con la participación protagónica del pueblo, pues según la sentencia del TSJ pareciera que es renovada la vigencia de la extinta democracia representativa. “Eso implica en su totalidad un retroceso en materia de derechos humanos”.

Balance de hechos violentos

Ortega Díaz destacó que desde el 6 de abril a la fecha el Ministerio Público ha iniciado 3 mil 390 investigaciones y se han registrado 63 personas fallecidas; vale destacar que de estos casos 19 son investigados por violaciones de derechos humanos, otras 2 perdieron la vida por asfixia y 8 electrocutados.

De igual manera, señaló que hay un total de 1 mil 181 lesionados y 422 privados de libertad. Asimismo, la institución que dirige solicitó 35 órdenes de aprehensión que están por ejecutar, de las cuales 19 corresponde a funcionarios.

En este sentido, ratificó que es irresponsable hacer afirmaciones o decir que hay impunidad, y señaló que a su lado está un pueblo que siempre ha recibido respuesta y ha sido debidamente atendido, que se le ha respetado y se le ha tratado con tolerancia, no con odio.

También expresó que no se ha individualizado la responsabilidad por la muerte de Juan Pablo Pernalete, ocurrida el pasado 26 de abril, y añadió que confía en que la Guardia Nacional Bolivariana pondrá a la orden del Ministerio Público al autor del hecho.

En los casos de ataques a las sedes de la Defensoría del Pueblo ubicadas en las ciudades de El Tigre y Valencia indicó que hay cinco privados de libertad, mientras que por los destrozos causados a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en el municipio Chacao del estado Miranda, ya fueron acusadas siete personas y otras tres se encuentran detenidas.

En referencia a otros casos como el de Almelina Carrillo informó que hay una persona imputada; del mismo modo dijo que se han llevado a cabo las investigaciones correspondientes para identificar a los presuntos autores de las quemaduras causadas a un niño en el estado Zulia.

Además, precisó que el por el hecho en el que resultó quemado un joven en Altamira están identificados los presuntos autores, y por la gravedad de la víctima el fiscal del caso solicitó que se le prestara la atención médica correspondiente.

Recordó que el Ministerio Público es el único ente autorizado para ejercer la acción penal y recomendó a los diferentes actores políticos concentrarse en las funciones que les corresponden a fin de garantizar la seguridad jurídica y evitar el odio y la confrontación.

En otro aspecto relacionado a los derechos humanos, la Fiscal General señaló que “es contrario a derecho la modificación de municiones para aumentar la letalidad. El Estado tiene manuales de actuación policial en las manifestaciones, al punto que un Guardia Nacional cuando cumple funciones de seguridad ciudadana no puede cumplir funciones militares, sino como policía”.

Precisó que en las manifestaciones está prohibido el uso de armas de fuego, así como el uso excesivo de la fuerza.

Expresó que todas las investigaciones son importantes y “toda persona fallecida o herida debe dolernos”.

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