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Diputado Omar Ávila: Asesinan a nuestros jóvenes porque desean un mejor futuro

AVILA 12

“Hoy la lucha tiene un sentido patriótico, histórico, existencial. No creo que amaine la capacidad de sacrificio y valentía de un pueblo al que no le queda más que alzar su voz”.

Prensa UViVzla/El secretario general nacional de Unidad Visión Venezuela, diputado Omar Ávila, este viernes fijó posición acerca del asesinato del joven Neomar Lander, quien se encontraba manifestando el pasado miércoles en el municipio Chacao, para exigir un país con y donde se respete la Constitución y las leyes.

“¿Por qué muere Neomar?, asumió la responsabilidad de luchar por cambiar un país en el cual ya no veía futuro; murió por la desesperación de no tener porvenir; es esto lo que saca a de las aulas de clases para combatir en las calles y no dejar desaparecer la Republica y con ellos el sentido de pertenencia de la patria, en fin, a nuestros porque un futuro”, exclamó Ávila.

Señaló que los jóvenes y estudiantes venezolanos actualmente protestan, no por un problema en particular como lo hacían en otro tiempo, como por ejemplo el pasaje estudiantil o unas medidas económicas impopulares, “hoy la lucha tiene un sentido patriótico, histórico, existencial. No creo que amaine la capacidad de sacrificio y valentía de un pueblo al que no le queda más que alzar su voz”.

Ávila recalcó que la situación que ha provocado el gobierno por sus malas políticas en materia económica y de seguridad social, ha hecho que los jóvenes busquen un futuro mejor en otros países donde consideran que sí tienen oportunidad de crecer profesionalmente y mejorar su calidad de vida. “Lamentablemente el gobierno ha hecho que entre millón y medio y dos millones de venezolanos se hayan ido del país, y otro 30%, es decir, 3 de cada 10 venezolanos está hoy en día está en proceso, arreglando sus papeles para irse en búsqueda de oportunidades”.

Alegó que el salario no les alcanza, ni siquiera para comer, a los profesionales venezolanos, mucho menos para poder tener independencia, formar una familia y aspirar tener una casa y otros bienes que les garantice su futuro. “Sumado a que tenemos la tasa de desempleo juvenil más alta de América Latina, cifra que sobrepasa ya el 20% y como si ya esto fuera poco hoy en día en nuestra Venezuela caen alrededor de 80 jóvenes mensuales a manos del hampa; es decir, que todos los días matan 2 o 3 jóvenes producto del grave flagelo de la inseguridad.

En otro orden de ideas, Ávila fijó posición sobre  la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el presidente de la República, Nicolás Maduro.

En ese particular aclaró que toda la hermenéutica jurídica y acciones realizadas en el año 1.999, para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, pasó a ser norma vigente de esta Constitución, “demostrando así, su talante democrático al darle a la soberanía popular la potestad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para modificar sustancialmente el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico, estableciendo un nuevo texto constitucional, mediante un referéndum”.

Asimismo fue enfático en señalar que las materias de especial trascendencia nacional podrán ser consultadas mediante referéndum, tal como lo establece el artículo 71 de la Carta Magna, por lo que  al activar, lo establecido en el artículo 348, donde reza que la iniciativa, de materia de transcendencia nacional, debe ineludiblemente consultarle al titular del poder constituyente que no es más que el pueblo”.

Recalcó que las bases comiciales deben estar impregnadas del principio de legalidad y consultadas igualmente al pueblo. A su juicio, el gobierno ha presentado unas bases cuyo contenido transgrede, menoscaba y viola flagrantemente la Constitución, “primero porque el único sector que reconoce la Constitución y la ley es el sector indígena, sin embargo, en garantía del sufragio universal podemos votar por ellos, en aquellas circunscripciones indígena y en segundo lugar, viola el principio de proporcionalidad y por ende la igualdad”.

Por último consideró que la Constituyente impulsada por el gobierno y con el “consentimiento” del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, “constituyen un fraude, no solo contra la Carta Magna, sino que también se ha incurrido en una conspiración contra la forma republicana, se usurpa la soberanía popular y demuestra lamentablemente acciones tiránicas por parte del gobierno al pretender cambiar la Constitución mediante artificios jurídicos, con la finalidad de gobernar indefinidamente”.

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