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Juristas piden a Fiscalía iniciar antejuicio de mérito a rectores del CNE

Grupo de juristas pide a la Fiscalía iniciar antejuicio de mérito al CNE

Grupo de pide a la Fiscalía de mérito al CNE.

***Los abogados Alberto Arteaga, Carlos Simón Bello, Fernando Fernández, Yván Figueroa, Rafael Quiñones y Ángel Zerpa solicitaron a la Fiscalía General investigar a los rectores del Consejo Nacional Electoral por los delitos de conspiración, abuso de autoridad, violación de tratados internacionales y malversación de fondos públicos.

Caracas/Un grupo de abogados encabezados por Alberto Arteaga Sánchez y Carlos Simón Bello Rengifo presentaron un recurso jurídico ante la jefa del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, a quien solicitaron el inicio de una investigación y antejuicio de mérito en contra de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El grupo lo integran, además, los juristas Fernando Fernández, Yván Figueroa Ortega, Rafael Quiñones Urbáez y Ángel Zerpa Aponte, quienes en rueda de prensa explicaron que solicitan el antejuicio de mérito contra las autoridades electorales por cuatro delitos: conspiración, abuso de autoridad, violación de tratados internacionales y malversación de fondos públicos.

Aclararon que la solicitud es con relación a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y a las bases comiciales presentada por el presidente Nicolás Maduro.

“De convocarse a unas elecciones constituyentes, cuyas bases no han sido aprobadas por el pueblo en un Referendo Consultivo, se atenta contra la forma política de la Nación”, dijo Arteaga.

Denunció que la ley de presupuesto 2017 se encuentra en una situación de ilegalidad al observar que no ha sido publicado en Gaceta Oficial ni en su distribución aparecen créditos adicionales para el CNE.

El grupo de abogados denunció que el CNE anunció la fecha para el acto comicial y modificó la data del Registro Electoral Permanente (REP).

Explicó que el CNE ubicó a electores en determinados sectores, o se les ha calificado, conjuntamente o no, como electores territoriales; “elementos que son contrarios a Derecho, cuando no existe una declaración de voluntad propia y personalísima del elector, cuya condición, de acuerdo con la Constitución y leyes, depende de la ciudadanía, y no de determinada actividad o ubicación territorial, hecho que pudo haber contado con la complicidad de particulares”.

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