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Contraloría General inició control fiscal del Ministerio Público

Contraloría General inició control fiscal del Ministerio Público.

Contraloría Público.

***Ya fueron instaladas comisiones de la contraloría en la sede administrativa del Ministerio Público, en las fiscalías superiores regionales y en otras tres instituciones vinculadas a esta. El proceso de control fiscal se hará en el lapso del primero de enero de 2008 al 30 de julio de 2017.

ELNACIONALISTA.COM.VE/La Contraloría General de la República anunció que inició una “actuación de control fiscal” sobre la “Fiscalía General de la República y las distintas áreas y dependencias que la conforman” en todo el país.

“He decidido acordar, como en efecto se acordó, practicar una actuación de control fiscal orientada a evaluar los procedimientos administrados, presupuestarios y financieros ejecutados durante los ejercicios económicos financieros comprendidos del primero de enero de 2008 al 30 de julio de 2017 por la Fiscalía General de la República y las distintas áreas y dependencias que la conforman”, leyó en un comunicado el contralor general de la República, Manuel Galindo.

Por ello ya fueron instaladas comisiones del despacho que dirige en la sede administrativa del Ministerio Público, en las fiscalías superiores regionales y en las fundaciones Servicio Integral de Salud del Ministerio Público y Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público.

De la misma manera ordenó una fiscalización en la Asociación Nacional de Redes y Organizaciones Sociales (Andros), “con el objeto de verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de sus operaciones”, aclaró Galindo.

Informó el funcionario que “en el supuesto negado de que fueran detectados indicios suficientes, pertinentes y oportunos de alguna irregularidad administrativa se dará inicio a los procedimientos a que haya lugar, los cuales seguirán su curso hasta obtener su resulta respectiva, siempre en estricto apego a los principios constitucionales del respeto al debido proceso y la garantía al derecho a la defensa”.

Aclaró que si bien es cierto que la Contraloría General de la República integra el Poder Ciudadano, así como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República, esa institución “actúa de manera autónoma en el ejercicio de las atribuciones y obligaciones exclusivas y excluyentes contenidas en la Constitución Nacional y en la Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su reglamento, así como en los instrumentos de carácter sub legal internos que todos son vinculantes”.

La fiscal general Luisa Ortega Díaz ejerce el cargo, desde el 13 de diciembre de 2007,cuando fue designada para un primer periodo de siete años (2007-2014) por la Asamblea Nacional de entonces -de mayoría oficialista. Luego fue ratificada por el parlamento siguiente -todavía dominado por partidos afines al Gobierno Nacional- por un período igual que inició el 22 de diciembre de 2014 y debe finalizar en 2021.

Desde abril la fiscal general de la República se mantiene enfrentada al gobierno del presidente Nicolás Maduro al haber aseverado que en Venezuela se había producido una “ruptura del orden constitucional”, a raíz de la publicación de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que despojaba de sus competencias a la Asamblea Nacional.

El pasado 30 de mayo Ortega Díaz‏ informó que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares de protección de todos los funcionarios del Ministerio Público.

Antecedentes del enfrentamiento

Los adversarios políticos del Gobierno Nacional acusan al Ejecutivo de mantener control de los poderes del Estado, excepto del Parlamento Nacional de mayoría opositora.

En mayo, tras la convocatoria que hizo el presidente Maduro de una Asamblea Nacional Constituyente, Ortega Díaz aseveró que la misma es “inconstitucional”, llamando a desconocerla y a mantenerse en defensa de la actual Carta Magna. Además, procedió a interponer varias acciones judiciales en contra de ese mecanismo y de 33 magistrados del TSJ.

A raíz de todo esto, varios defensores del oficialismo han solicitado a esa misma máxima instancia judicial actúe contra las actuaciones de la fiscal general, acusándola incluso de “insania mental”. Uno de los primeros resultados fueron las sentencias 469 y 470 de la Sala Constitucional, con las cuales se le da competencias del Ministerio Público a la Defensoría del Pueblo así como se anula la designación del vicefiscal de la República.

Ortega Díaz declaró que desconoce tales decisiones del TSJ en contra del Ministerio Público.

En esos mismos días la Sala Plena del TSJ prohibió a Luisa Ortega Díaz salir del país, después de haber aprobado por unanimidad las medidas cautelares solicitadas por el diputado oficialista Pedro Carreño, quien pidió un antejuicio de mérito contra la representante del Ministerio Público.

El máximo tribunal fijó para el día martes 4 de julio a las 10:00 a.m. la audiencia oral y pública a la que deben asistir la ciudadana fiscal, el diputado Carreño y Tarek William Saab, defensor del Pueblo y presidente del Consejo Moral Republicano.

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